La reforma del mercado de trabajo
Trabajo plantea subvencionar el despido en su último esquema de reforma laboral - Patronal y sindicatos intentan el acercamiento en una reunión maratoniana
LUCÍA ABELLÁN - Madrid - 10/06/2010
El Gobierno lanzó anoche su última propuesta para pactar una reforma laboral con empresarios y sindicatos. La principal novedad del esquema de seis puntos presentado a empresarios y sindicatos radica en el coste del despido. El Ejecutivo ha ensayado una vía intermedia para aligerar las cantidades que pagan los empresarios sin rebajar lo que perciben los trabajadores.
El Gobierno lanzó anoche su última propuesta para pactar una reforma laboral con empresarios y sindicatos. La principal novedad del esquema de seis puntos presentado a empresarios y sindicatos radica en el coste del despido. El Ejecutivo ha ensayado una vía intermedia para aligerar las cantidades que pagan los empresarios sin rebajar lo que perciben los trabajadores. La solución es que el Estado financie, a través del Fondo de Garantía Salarial, una parte de las indemnizaciones por despido (ocho días en todos los casos). El único requisito es que los despidos sean por razones económicas, no disciplinarias, y se podrá aplicar tanto a los casos procedentes como a los improcedentes.
Con esta fórmula, el fondo, engrosado con aportaciones empresariales, abonará una parte fija de cualquier despido (de 20 días, de 33 o de 45). Hasta ahora el Fondo de Garantía Salarial solo costeaba los despidos objetivos de empresas con menos de 25 trabajadores. De prosperar la medida, aumentaría mucho el radio de acción de este instrumento.
El despido fue el elemento que más demoró un encuentro que comenzó a las 19.30. A las 2.30 de la madrugada de hoy aún le quedaban "horas", según aventuraban fuentes de la negociación. A las 3.30 la reunión continuaba. La paradoja reside en que ninguna de las partes admitía que lo dilatado de la sesión fuera sintomático de un acercamiento de posturas. Todos seguían viendo lejano un acuerdo, aunque no imposible. El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho y el el jefe de gabinete de La Moncloa, José Enrique Serrano, presidían la reunión en la sede de Trabajo. Por la parte sindical acudieron los secretarios generales de UGT (Cándido Méndez) y CC OO (Ignacio Fernández Toxo) y por CEOE, su presidente, Gerardo Díaz Ferrán. El encuentro de ayer se había fijado como la última oportunidad, aunque el propio Corbacho abrió la puerta a seguir negociando hasta este domingo.
Además de la subvención del despido, el otro elemento fundamental del documento presentado anoche consiste en allanar el camino a las empresas para que puedan acogerse al despido por causas económicas, cuya indemnización es de 20 días por año trabajado frente a los 45 del improcedente. Esa sería la vía más eficaz -y más demandada por los empresarios- para aligerarles el coste del despido. Porque la legislación actual ya permite acogerse a los 20 días por año cuando la empresa reduce plantilla por motivos económicos, pero los procesos judiciales suelen ser tan largos e inciertos que los empresarios prefieren pagar un despido improcedente a cambio de olvidarse del trámite. Aun en estos años de crisis, el 80% de los despidos se han resuelto como improcedentes, lo que constituye una anomalía.
Si salen adelante las novedades previstas por el Ministerio de Trabajo, el juez tendría menor margen de maniobra para decidir si una empresa tenía razones para despedir. Se trataría de ofrecer unos parámetros objetivos (pérdidas de la empresa, por ejemplo) que el juez se limitase a aplicar, sin entrar a valorar la oportunidad de la extinción del contrato.
Otra vía para abaratar el coste del despido consistirá en generalizar como contrato indefinido el de 33 días de indemnización (frente a los 45 ordinarios). La contrapartida a esa propuesta, demandada por los empresarios, radica en el freno a la contratación temporal. Se aumentará hasta 12 días por año trabajado la indemnización por finalización de contrato temporal (ahora son ocho) y se acotará a un máximo de dos años la duración del contrato por obra y servicio, un auténtico coladero de eventualidad injustificada que ahora no tiene límite temporal.
El modelo alemán de reducción de jornada es uno de los puntos del esquema del Gobierno que más unanimidad suscitan. Consiste en fomentar que las empresas reduzcan la jornada de sus trabajadores en tiempos de crisis en lugar de despedirlos. Los empleados cobrarían el paro en la parte de la jornada que dejan de realizar. También recibe un respaldo prácticamente unánime la elaboración de un plan de empleo para jóvenes que concentre la mayor parte de las bonificaciones al empleo en este colectivo y amplíe el uso del contrato de formación, ahora residual.
Menos posibilidades de acuerdo se vislumbran en el sexto punto del documento: la entrada de agencias privadas de colocación en el ámbito de los servicios públicos de empleo para fomentar la intermediación laboral. Los sindicatos se oponen a que entidades con ánimo de lucro puedan hacer labor de intermediación con el beneplácito del Estado.
CEOE será la primera en valorar esta mañana el resultado de las negociaciones. La organización ha convocado a sus órganos de gobierno para evaluar el documento presentado anoche. Los sindicatos tienen previstas reuniones de responsables, aunque los órganos de gobierno no se verán hasta la semana próxima, lo que puede demorar el intento de acuerdo prácticamente hasta la fecha en que el Gobierno aprobará su decreto, el 16 de junio.
En la actualidad, ese trámite suele ser complejo, pues requiere pactar con los trabajadores y eso suele llevar tiempo. Eximir al empresario de ese trámite cuando atraviesa dificultades le permitiría tomar más rápidamente decisiones que impactarían directamente en su cuenta de resultados. Para no dejar la decisión exclusivamente en manos empresariales, algo que encendería los ánimos sindicales, Trabajo plantea recurrir a un árbitro en esos casos. El mediador externo estudiaría la causa y emitiría un laudo de obligado cumplimiento para ambas partes. De ese modo, la empresa se ahorra el trámite judicial, que suele demorar las decisiones en momentos en que se necesita rapidez.
Hasta ahora, el documento más detallado de reforma laboral del Gobierno, presentado el pasado 12 de abril, reconocía la necesidad de cambios en la negociación colectiva, pero remitía al diálogo que tenían previsto acometer empresarios y sindicatos en este primer semestre del año. Con este cambio de rumbo, el Ejecutivo se adentra en el espinoso asunto de los convenios para aligerar el marco laboral.
El Gobierno lanzó anoche su última propuesta para pactar una reforma laboral con empresarios y sindicatos. La principal novedad del esquema de seis puntos presentado a empresarios y sindicatos radica en el coste del despido. El Ejecutivo ha ensayado una vía intermedia para aligerar las cantidades que pagan los empresarios sin rebajar lo que perciben los trabajadores. La solución es que el Estado financie, a través del Fondo de Garantía Salarial, una parte de las indemnizaciones por despido (ocho días en todos los casos). El único requisito es que los despidos sean por razones económicas, no disciplinarias, y se podrá aplicar tanto a los casos procedentes como a los improcedentes.
Con esta fórmula, el fondo, engrosado con aportaciones empresariales, abonará una parte fija de cualquier despido (de 20 días, de 33 o de 45). Hasta ahora el Fondo de Garantía Salarial solo costeaba los despidos objetivos de empresas con menos de 25 trabajadores. De prosperar la medida, aumentaría mucho el radio de acción de este instrumento.
El despido fue el elemento que más demoró un encuentro que comenzó a las 19.30. A las 2.30 de la madrugada de hoy aún le quedaban "horas", según aventuraban fuentes de la negociación. A las 3.30 la reunión continuaba. La paradoja reside en que ninguna de las partes admitía que lo dilatado de la sesión fuera sintomático de un acercamiento de posturas. Todos seguían viendo lejano un acuerdo, aunque no imposible. El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho y el el jefe de gabinete de La Moncloa, José Enrique Serrano, presidían la reunión en la sede de Trabajo. Por la parte sindical acudieron los secretarios generales de UGT (Cándido Méndez) y CC OO (Ignacio Fernández Toxo) y por CEOE, su presidente, Gerardo Díaz Ferrán. El encuentro de ayer se había fijado como la última oportunidad, aunque el propio Corbacho abrió la puerta a seguir negociando hasta este domingo.
Además de la subvención del despido, el otro elemento fundamental del documento presentado anoche consiste en allanar el camino a las empresas para que puedan acogerse al despido por causas económicas, cuya indemnización es de 20 días por año trabajado frente a los 45 del improcedente. Esa sería la vía más eficaz -y más demandada por los empresarios- para aligerarles el coste del despido. Porque la legislación actual ya permite acogerse a los 20 días por año cuando la empresa reduce plantilla por motivos económicos, pero los procesos judiciales suelen ser tan largos e inciertos que los empresarios prefieren pagar un despido improcedente a cambio de olvidarse del trámite. Aun en estos años de crisis, el 80% de los despidos se han resuelto como improcedentes, lo que constituye una anomalía.
Si salen adelante las novedades previstas por el Ministerio de Trabajo, el juez tendría menor margen de maniobra para decidir si una empresa tenía razones para despedir. Se trataría de ofrecer unos parámetros objetivos (pérdidas de la empresa, por ejemplo) que el juez se limitase a aplicar, sin entrar a valorar la oportunidad de la extinción del contrato.
Otra vía para abaratar el coste del despido consistirá en generalizar como contrato indefinido el de 33 días de indemnización (frente a los 45 ordinarios). La contrapartida a esa propuesta, demandada por los empresarios, radica en el freno a la contratación temporal. Se aumentará hasta 12 días por año trabajado la indemnización por finalización de contrato temporal (ahora son ocho) y se acotará a un máximo de dos años la duración del contrato por obra y servicio, un auténtico coladero de eventualidad injustificada que ahora no tiene límite temporal.
El modelo alemán de reducción de jornada es uno de los puntos del esquema del Gobierno que más unanimidad suscitan. Consiste en fomentar que las empresas reduzcan la jornada de sus trabajadores en tiempos de crisis en lugar de despedirlos. Los empleados cobrarían el paro en la parte de la jornada que dejan de realizar. También recibe un respaldo prácticamente unánime la elaboración de un plan de empleo para jóvenes que concentre la mayor parte de las bonificaciones al empleo en este colectivo y amplíe el uso del contrato de formación, ahora residual.
Menos posibilidades de acuerdo se vislumbran en el sexto punto del documento: la entrada de agencias privadas de colocación en el ámbito de los servicios públicos de empleo para fomentar la intermediación laboral. Los sindicatos se oponen a que entidades con ánimo de lucro puedan hacer labor de intermediación con el beneplácito del Estado.
CEOE será la primera en valorar esta mañana el resultado de las negociaciones. La organización ha convocado a sus órganos de gobierno para evaluar el documento presentado anoche. Los sindicatos tienen previstas reuniones de responsables, aunque los órganos de gobierno no se verán hasta la semana próxima, lo que puede demorar el intento de acuerdo prácticamente hasta la fecha en que el Gobierno aprobará su decreto, el 16 de junio.
Vía rápida para descolgarse del convenio
Por primera vez en un documento oficial, el Gobierno ha aludido a la negociación colectiva como vía para capear la crisis. Más allá de los costes del despido y los incentivos al empleo, el Ejecutivo ha encontrado una nueva fórmula para agilizar las decisiones empresariales en tiempos de crisis. Se trata de permitir que las empresas con dificultades puedan acogerse a la cláusula de descuelgue (es decir, desvincularse de lo pactado en el convenio, tanto en cuestiones salariales como en la organización del trabajo) sin necesidad de que haya acuerdo con los trabajadores.En la actualidad, ese trámite suele ser complejo, pues requiere pactar con los trabajadores y eso suele llevar tiempo. Eximir al empresario de ese trámite cuando atraviesa dificultades le permitiría tomar más rápidamente decisiones que impactarían directamente en su cuenta de resultados. Para no dejar la decisión exclusivamente en manos empresariales, algo que encendería los ánimos sindicales, Trabajo plantea recurrir a un árbitro en esos casos. El mediador externo estudiaría la causa y emitiría un laudo de obligado cumplimiento para ambas partes. De ese modo, la empresa se ahorra el trámite judicial, que suele demorar las decisiones en momentos en que se necesita rapidez.
Hasta ahora, el documento más detallado de reforma laboral del Gobierno, presentado el pasado 12 de abril, reconocía la necesidad de cambios en la negociación colectiva, pero remitía al diálogo que tenían previsto acometer empresarios y sindicatos en este primer semestre del año. Con este cambio de rumbo, el Ejecutivo se adentra en el espinoso asunto de los convenios para aligerar el marco laboral.
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