Reforma Laboral
El Congreso justifica el despido objetivo cuando caigan los ingresos o se prevean pérdidas
El PSOE saca adelante la reforma laboral sólo con sus votos y las abstenciones de CiU y PNV, ante el rechazo del PP y la izquierda.
La Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso de los Diputados aprobó hoy sólo con los votos a favor del PSOE, frente al rechazo de PP, ERC-IU-ICV y BNG y las abstenciones de CiU y PNV, el dictamen del proyecto de ley de reforma laboral, tras incorporar una serie de enmiendas que concretan las causas económicas para el despido objetivo, de 20 días de indemnización, que podrá justificarse por pérdidas “actuales o previstas” o la “disminución persistente del nivel de ingresos”.
El PSOE, que tuvo que recurrir al voto ponderado para sacar adelante el dictamen, pactó treinta y tres enmiendas con el resto de grupos y perdió dos votaciones, aunque el balance de toda la oposición fue muy negativo sobre el texto que ahora se remite al Senado. Allí se debatirá en la semana del 23 de agosto, con vistas a que, si se introducen enmiendas, regrese a la Cámara Baja para ser votado en Pleno el 9 de septiembre, 20 días antes de la convocatoria de huelga general.
En la recta final de la negociación, el PSOE pactó con el PNV concretar las causas que permitan acogerse al despido objetivo por causas económicas con 20 días de indemnización, introduciendo una prevención que exige que la empresa demuestre que las pérdidas o la caída de ingresos– antes se hablaba de beneficios– “puedan afectar a su viabilidad o a su capacidad de mantener el volumen de empleo”. Asimismo, elimina la alusión a la “falta de liquidez”.
El texto aprobado señala además que la empresa tendrá que acreditar los resultados alegados y justificar que de los mismos se deduce la “razonabilidad” de la decisión extintiva para “preservar o favorecer” su posición competitiva en el mercado.
No obstante, mantiene que cuando el trabajador alegue que la utilización del procedimiento de despido objetivo no se ajuste al derecho porque la causa real del despido es disciplinaria, le corresponderá a él la “carga de la prueba” sobre esta cuestión.
EL PSOE, “REALMENTE SATISFECHO” DEL ACUERDO
El portavoz socialcita de Trabajo, Jesús Membrado, se declaró “realmente satisfecho” de la modificación de las causas del despido, ya que el texto deja “claramente garantizado” que las empresas tendrán que demostrar que el ajuste de plantilla es de la única manera en que las empresas se pueden mantener de cara al futuro.
“Nosotros queremos que en la previsión de pérdidas esa empresa pueda garantizar que mantiene una parte de la plantilla, por eso lo hemos incluido”, insistió el diputado, quien señaló también que las compañías que ven caer sus ingresos “poco futuro tienen”, por lo que es necesario evitar que la situación concluya en despido.
REDUCIR UN 25% EL ABSENTISMO POR ENFERMEDAD
Asimismo, el Congreso refuerza el papel de los inspectores de la Seguridad Social en los procesos de incapacidad temporal, de manera que podrán emitir un alta médica de forma más rápida que la de los médicos de las mutuas. El objeto de esta medida es “evitar una prolongación innecesaria de las bajas” y, según adelantaron fuentes socialistas a Europa Press, contribuirá a reducir en un 25% el absentismo de las empresas.
Además, se modifican las condiciones que justifican el despido por motivos de absentismo laboral, que la ley mantiene en un límite del 20% de las jornadas hábiles durante dos meses consecutivos, o el 25% a lo largo de cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de un año, aunque rebaja el umbral con el que se calcula en relación con la media de la plantilla, que los socialistas aceptaron rebajar ahora del 5% al 2,5%.
REVISIÓN DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y EL DERECHO A PARO
El proyecto de ley señala que en seis meses se emprenderá la reforma de la negociación colectiva, eso sí, en acuerdo con las organizaciones empresariales y sindicales, revisando los mecanismos de articulación para adaptarlos a las necesidades de las trabajadores. Además, reclama al Gobierno un plan para recolocar desempleados de la construcción.
Además, el PSOE ha aceptado la petición de CiU de reformar la prestación por desempleo para mejorar su vinculación a las políticas activas de empleo cuando el empleo inicie su recuperación. De momento, se permitirá que los excedentes de las cantidades transferidas a las comunidades autónomas para el pago de prestaciones puedan ser utilizadas por estas a políticas activas de empleo.
Respecto a la negociación en empresas, se señala que en las empresas en que no haya representación legal de los trabajadores, éstos puedan elegir entre negociar a través de una comisión de un máximo de tres miembros integrada por trabajadores de la propia empresa elegidos “democráticamente” o mediante una comisión de igual número de componentes designados por los sindicatos más representativos del sector.
PP Y CIU REMARCAN QUE NO SERVIRÁ
El debate se alargó cerca de siete horas y tuvo varios recesos, cuando los diputados de la oposición detectaron que en el informe de la Ponencia se habían incluido un paquete de enmiendas transaccionales socialistas que no habían sido aceptadas por la oposición, si bien esta cuestión fue resuelta en la votación de las más trescientas propuestas de modificación al texto que seguían vivas.
El portavoz de empleo del PP, José Ignacio Echániz, denunció el “batiburrillo” en el que el PSOE ha convertido una reforma laboral y en la que es el único grupo de la Cámara que la respalda, por lo que “nace coja”, sin que su articulado contenga “ningún elemento que configure un aumento de la empleabilidad de los parados”. “Creo que hoy es un día triste”, remarcó.
Su homólogo en CiU, Carles Campuzano, calificó de “acto fallido y oportunidad perdida” la reforma, aunque señaló que su formación “no ha querido llevar la situación a un callejón sin salida” bloqueando su tramitación. En cualquier caso, tanto PP como CiU tienen intención de aprovechar la mayoría que suman en el Senado para introducir nuevas enmiendas.
EL FOGASA SEGUIRÁ PAGANDO DESPIDOS IMPROCEDENTES
Por parte del PNV, Emilio Olabarria indicó que el hecho de que el dictamen de la reforma se haya aprobado sólo por voto ponderado “es una forma” de empezar mal la aplicación de la reforma laboral, que ya “empezó mal” por ser “fruto de un fracaso de los interlocutores sociales”.
“No se augura un futuro venturoso para esta reforma, cuya capacidad para crear empleo va a ser prácticamente nula”, señaló el diputado nacionalista, quien, no obstante, justificó su abstención “porque las alternativas eran peores”.
El diputado de IU, Gaspar Llamazares, lamentó la “nocturnidad y alevosía” del “trámite exprés” que “endure los recortes a los trabajadores que ya tenía la propuesta inicial”, y lamentó que no haya prosperado su propuesta para evitar que el Fogasa financie los despidos improcedentes –el PSOE sólo ha aceptado que la indemnización que corresponde al trabajador sea “objeto de resarcimiento al empresario” por parte del Fondo–. “Hoy es un día negro para los trabajadores, remachó Llamazares.
Fuente: Europa Press
El Gobierno aprueba la reforma de las pensiones que eleva la edad de jubilación a los 67 años
Será posible jubilarse a los 63 años con 33 cotizados y los empresarios tendrán que pagar más por los EREs
El Gobierno ha aprobado la reforma del sistema de pensiones que entrará en vigor en 2013 y que eleva la edad de jubilación a los 67 años en un horizonte de 15 años, hasta 2027. Este incremento se realizará a razón de un mes por año durante los seis primeros y de dos meses por año durante los nueve últimos.
En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, el ministro portavoz, Alfredo Pérez Rubalcaba, destacó que se trata de un acuerdo muy importante con los agentes sociales, pero que aún están negociando otros aspectos relativos a la negociación colectiva o las políticas activas de empleo.
En coherencia con este incremento en la edad de jubilación, aquellos que salgan del mercado laboral a los 67 años tendrán que haber cotizado 37 años para poder cobrar la pensión máxima, frente a los 35 actuales. Este tránsito se realizará progresivamente, en paralelo a la edad legal de jubilación.
No se modifica sin embargo la edad mínima para tener derecho al 50% de la pensión, que se mantendrá en 15 años, de forma que ahora harán falta no 20 sino 22 años más para poder acceder al 100% de la prestación.
Sin embargo, existen excepciones. Así, aquellos con 65 años que tengan carreras de cotización de 38,5 años o las cumplan antes de los 67 años podrán jubilares con toda la pensión. En este caso, el paso de los 35 años a los 38,5 años para acceder a la pensión máxima se realizará a razón de seis meses cada dos años, es decir, en siete escalones.
Así, a partir del cuarto año de entrada en vigor de la reforma, una persona con 65 años podrá jubilarse con toda su pensión si cuenta con 35 años cotizados.
Según datos del Gobierno, actualmente el 64,48% de los pensionistas acceden a la prestación máxima y estima que este porcentaje se vaya reduciendo hasta el 50% dentro en los próximos años por “la evolución de las carreras de cotización”.
JUBILACIÓN A LOS 63 AÑOS CON 33 COTIZADOS.
Ahora bien, el Ejecutivo considera que la reforma de las pensiones supone pasar de un sistema “imperativo” a otro “flexible” para permitir a los trabajadores que tengan mayor elección a la hora de jubilarse.
Por ello, cabe la posibilidad de jubilarse de forma anticipada y voluntaria a partir de los 63 años con una carrera de cotización de 33 años o más, aplicando un coeficiente reductor en relación a la edad de jubilación ordinaria que le corresponda dependiendo del momento de desarrollo de la reforma.
Con carácter general, el coeficiente reductor pasará del 8% al 7,5%, esto quiere decir que la jubilación anticipada y voluntaria a los 63 años supondrá una horquilla de penalización del 15% para el primer momento de la reforma y del 30% respecto a los 67 años que estén vigentes en 2027.
Con todo, el Gobierno ha previsto una fórmula de atenuación del coeficiente reductor para que éste no sea superior al 42%, con lo que este porcentaje será el recorte máximo que un prejubilado podrá tener que sufrir en su prestación.
Por otro lado, también se ha modificado el incentivo para aquellos que retrasen voluntariamente la edad de jubilación sobre la ordinaria, pasando del 2%-3% al 3,5%, tanto para aquellos que trabajen más allá de los 67 como los que lo haga a los 65 años y puedan jubilarse a esa edad por sus años cotizados.
En cuanto a la regulación de la reducción de la edad de jubilación para profesiones penosas, el Gobierno ha llegado a un acuerdo con los agentes sociales para establecer mediante un decreto ley qué profesionales y con que reducción podrán jubilarse en este marco.
ENDURECIMIENTO DE LAS PREJUBILACIONES.
En este punto, la reforma también contempla que las prejubilaciones tengan carácter voluntario y no tengan que pasar por un despido, al tiempo que se encarecen para los empresarios las prejubilaciones en expediente de regulación (EREs).
Así, la redacción del Gobierno reserva la jubilación anticipada por despido cuando se deba a causas “objetivables”, como la muerte o incapacidad del empresario, concurso de acreedores, etc.
De esta forma, se separan de estas causas los expedientes de regulación de reducción de plantilla. En este caso, si hasta ahora sólo se podía jubilar a trabajadores mayores de 52 años asumiendo el coste la empresa hasta los 61 años, ahora se establecerá el límite de edad en los 55 años y la carga para la empresa se extenderá hasta que el trabajador cumpla los 63 años.
Según cifras del Ministerio de Trabajo, las prejubilaciones anticipadas, entre bajas voluntarias y despidos, ascienden a septiembre de 2010 a 53.000 personas, lo que supone un 25,1% del total de las altas por jubilación.
En cuanto a la jubilación parcial, apenas experimentará cambios. Si bien, el Gobierno apuesta por que los empresarios costeen el 100% de las cotizaciones tanto del trabajador relevante como del relevado, para que no suponga un coste para la Seguridad Social. Ello también se hará en un horizonte de 15 años.
LA AMPLIACIÓN DEL CÓMPUTO AFECTARÁ EN UN 1% A LA PENSIÓN.
Por otro lado, la reforma amplía de 15 a 25 años el periodo de cálculo de las pensiones, lo que, según el Ministerio de Trabajo, tendrá un efecto de subida o bajada del 1% sobre las pensiones en el caso del Régimen General y algo mayor en el caso de los autónomos.
Según el Gobierno, la ampliación a los 25 años no la notarán los empleados públicos, mientras que esta medida será “positivo” para aquellos que hayan sido despedidos en los últimos diez años de su vida laboral, ya que habrán sufrido una brusca caída en su base de cotización.
Este periodo se extenderá de año en año hasta 2022, es decir, que la entrada en vigor de esta medida se producirá en un horizonte de solo diez años.
BENEFICIOS PARA JÓVENES Y MADRES.
La reforma también contempla que las mujeres puedan contar, solo a efectos de jubilación a partir de 2013, con 116 meses de cotización por hijo con un máximo de dos años si han tenido que dejar de trabajar para cuidarlo.
Por su parte, la reforma contempla que los programas formativos remunerados, como las becas, den origen a una cotización de carácter voluntaria, que será equivalente a la que se aporta en los contratos de formación –50 euros–, siempre mediante la firma de convenios singulares con la Seguridad Social.
Esta medida tendrá efecto retroactivo, con la posibilidad de recuperar esas cotizaciones durante un periodo de cuatro años, entre 2006 y 2010.
EFECTOS DE LA REFORMA.
En el capítulo de los efectos, Trabajo asegura que permitirá el ahorro y reequilibrio esperado por el Gobierno entre 2030 y 2040, hasta suponer el 13% del PIB. Desde el Gobierno, se matiza que las pensiones seguirán subiendo, pero se generará un efecto positivo sobre la economía que hará descender esta ratio.
Así, el Ejecutivo sostiene que el sistema sería insostenible sin la reforma alrededor del año 2025, mientras que con ella se garantiza su estabilidad hasta 2040. Además, el Gobierno “ni se plantea” tener que tocar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, también llamado ‘hucha de las pensiones’.
Otro de los efectos previstos por Trabajo es una reducción de la economía sumergida en tanto que los becarios reclamarán su cotización y se presionará para tener el alta en la Seguridad Social para poder tener carreras más largas.
Del mismo modo, se espera que se amplíe “notablemente” la permanencia en le mercado laboral, hasta ganar en torno a dos años más de cotización por trabajador, y que disminuyan las jubilaciones anticipadas.
Fuente: Europa Press
Via; www.reformalaboral.com
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El Congreso justifica el despido objetivo cuando caigan los ingresos o se prevean pérdidas
El PSOE saca adelante la reforma laboral sólo con sus votos y las abstenciones de CiU y PNV, ante el rechazo del PP y la izquierda.
La Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso de los Diputados aprobó hoy sólo con los votos a favor del PSOE, frente al rechazo de PP, ERC-IU-ICV y BNG y las abstenciones de CiU y PNV, el dictamen del proyecto de ley de reforma laboral, tras incorporar una serie de enmiendas que concretan las causas económicas para el despido objetivo, de 20 días de indemnización, que podrá justificarse por pérdidas “actuales o previstas” o la “disminución persistente del nivel de ingresos”.
El PSOE, que tuvo que recurrir al voto ponderado para sacar adelante el dictamen, pactó treinta y tres enmiendas con el resto de grupos y perdió dos votaciones, aunque el balance de toda la oposición fue muy negativo sobre el texto que ahora se remite al Senado. Allí se debatirá en la semana del 23 de agosto, con vistas a que, si se introducen enmiendas, regrese a la Cámara Baja para ser votado en Pleno el 9 de septiembre, 20 días antes de la convocatoria de huelga general.
En la recta final de la negociación, el PSOE pactó con el PNV concretar las causas que permitan acogerse al despido objetivo por causas económicas con 20 días de indemnización, introduciendo una prevención que exige que la empresa demuestre que las pérdidas o la caída de ingresos– antes se hablaba de beneficios– “puedan afectar a su viabilidad o a su capacidad de mantener el volumen de empleo”. Asimismo, elimina la alusión a la “falta de liquidez”.
El texto aprobado señala además que la empresa tendrá que acreditar los resultados alegados y justificar que de los mismos se deduce la “razonabilidad” de la decisión extintiva para “preservar o favorecer” su posición competitiva en el mercado.
No obstante, mantiene que cuando el trabajador alegue que la utilización del procedimiento de despido objetivo no se ajuste al derecho porque la causa real del despido es disciplinaria, le corresponderá a él la “carga de la prueba” sobre esta cuestión.
EL PSOE, “REALMENTE SATISFECHO” DEL ACUERDO
El portavoz socialcita de Trabajo, Jesús Membrado, se declaró “realmente satisfecho” de la modificación de las causas del despido, ya que el texto deja “claramente garantizado” que las empresas tendrán que demostrar que el ajuste de plantilla es de la única manera en que las empresas se pueden mantener de cara al futuro.
“Nosotros queremos que en la previsión de pérdidas esa empresa pueda garantizar que mantiene una parte de la plantilla, por eso lo hemos incluido”, insistió el diputado, quien señaló también que las compañías que ven caer sus ingresos “poco futuro tienen”, por lo que es necesario evitar que la situación concluya en despido.
REDUCIR UN 25% EL ABSENTISMO POR ENFERMEDAD
Asimismo, el Congreso refuerza el papel de los inspectores de la Seguridad Social en los procesos de incapacidad temporal, de manera que podrán emitir un alta médica de forma más rápida que la de los médicos de las mutuas. El objeto de esta medida es “evitar una prolongación innecesaria de las bajas” y, según adelantaron fuentes socialistas a Europa Press, contribuirá a reducir en un 25% el absentismo de las empresas.
Además, se modifican las condiciones que justifican el despido por motivos de absentismo laboral, que la ley mantiene en un límite del 20% de las jornadas hábiles durante dos meses consecutivos, o el 25% a lo largo de cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de un año, aunque rebaja el umbral con el que se calcula en relación con la media de la plantilla, que los socialistas aceptaron rebajar ahora del 5% al 2,5%.
REVISIÓN DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y EL DERECHO A PARO
El proyecto de ley señala que en seis meses se emprenderá la reforma de la negociación colectiva, eso sí, en acuerdo con las organizaciones empresariales y sindicales, revisando los mecanismos de articulación para adaptarlos a las necesidades de las trabajadores. Además, reclama al Gobierno un plan para recolocar desempleados de la construcción.
Además, el PSOE ha aceptado la petición de CiU de reformar la prestación por desempleo para mejorar su vinculación a las políticas activas de empleo cuando el empleo inicie su recuperación. De momento, se permitirá que los excedentes de las cantidades transferidas a las comunidades autónomas para el pago de prestaciones puedan ser utilizadas por estas a políticas activas de empleo.
Respecto a la negociación en empresas, se señala que en las empresas en que no haya representación legal de los trabajadores, éstos puedan elegir entre negociar a través de una comisión de un máximo de tres miembros integrada por trabajadores de la propia empresa elegidos “democráticamente” o mediante una comisión de igual número de componentes designados por los sindicatos más representativos del sector.
PP Y CIU REMARCAN QUE NO SERVIRÁ
El debate se alargó cerca de siete horas y tuvo varios recesos, cuando los diputados de la oposición detectaron que en el informe de la Ponencia se habían incluido un paquete de enmiendas transaccionales socialistas que no habían sido aceptadas por la oposición, si bien esta cuestión fue resuelta en la votación de las más trescientas propuestas de modificación al texto que seguían vivas.
El portavoz de empleo del PP, José Ignacio Echániz, denunció el “batiburrillo” en el que el PSOE ha convertido una reforma laboral y en la que es el único grupo de la Cámara que la respalda, por lo que “nace coja”, sin que su articulado contenga “ningún elemento que configure un aumento de la empleabilidad de los parados”. “Creo que hoy es un día triste”, remarcó.
Su homólogo en CiU, Carles Campuzano, calificó de “acto fallido y oportunidad perdida” la reforma, aunque señaló que su formación “no ha querido llevar la situación a un callejón sin salida” bloqueando su tramitación. En cualquier caso, tanto PP como CiU tienen intención de aprovechar la mayoría que suman en el Senado para introducir nuevas enmiendas.
EL FOGASA SEGUIRÁ PAGANDO DESPIDOS IMPROCEDENTES
Por parte del PNV, Emilio Olabarria indicó que el hecho de que el dictamen de la reforma se haya aprobado sólo por voto ponderado “es una forma” de empezar mal la aplicación de la reforma laboral, que ya “empezó mal” por ser “fruto de un fracaso de los interlocutores sociales”.
“No se augura un futuro venturoso para esta reforma, cuya capacidad para crear empleo va a ser prácticamente nula”, señaló el diputado nacionalista, quien, no obstante, justificó su abstención “porque las alternativas eran peores”.
El diputado de IU, Gaspar Llamazares, lamentó la “nocturnidad y alevosía” del “trámite exprés” que “endure los recortes a los trabajadores que ya tenía la propuesta inicial”, y lamentó que no haya prosperado su propuesta para evitar que el Fogasa financie los despidos improcedentes –el PSOE sólo ha aceptado que la indemnización que corresponde al trabajador sea “objeto de resarcimiento al empresario” por parte del Fondo–. “Hoy es un día negro para los trabajadores, remachó Llamazares.
Fuente: Europa Press
El Gobierno aprueba la reforma de las pensiones que eleva la edad de jubilación a los 67 años
Será posible jubilarse a los 63 años con 33 cotizados y los empresarios tendrán que pagar más por los EREs
El Gobierno ha aprobado la reforma del sistema de pensiones que entrará en vigor en 2013 y que eleva la edad de jubilación a los 67 años en un horizonte de 15 años, hasta 2027. Este incremento se realizará a razón de un mes por año durante los seis primeros y de dos meses por año durante los nueve últimos.
En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, el ministro portavoz, Alfredo Pérez Rubalcaba, destacó que se trata de un acuerdo muy importante con los agentes sociales, pero que aún están negociando otros aspectos relativos a la negociación colectiva o las políticas activas de empleo.
En coherencia con este incremento en la edad de jubilación, aquellos que salgan del mercado laboral a los 67 años tendrán que haber cotizado 37 años para poder cobrar la pensión máxima, frente a los 35 actuales. Este tránsito se realizará progresivamente, en paralelo a la edad legal de jubilación.
No se modifica sin embargo la edad mínima para tener derecho al 50% de la pensión, que se mantendrá en 15 años, de forma que ahora harán falta no 20 sino 22 años más para poder acceder al 100% de la prestación.
Sin embargo, existen excepciones. Así, aquellos con 65 años que tengan carreras de cotización de 38,5 años o las cumplan antes de los 67 años podrán jubilares con toda la pensión. En este caso, el paso de los 35 años a los 38,5 años para acceder a la pensión máxima se realizará a razón de seis meses cada dos años, es decir, en siete escalones.
Así, a partir del cuarto año de entrada en vigor de la reforma, una persona con 65 años podrá jubilarse con toda su pensión si cuenta con 35 años cotizados.
Según datos del Gobierno, actualmente el 64,48% de los pensionistas acceden a la prestación máxima y estima que este porcentaje se vaya reduciendo hasta el 50% dentro en los próximos años por “la evolución de las carreras de cotización”.
JUBILACIÓN A LOS 63 AÑOS CON 33 COTIZADOS.
Ahora bien, el Ejecutivo considera que la reforma de las pensiones supone pasar de un sistema “imperativo” a otro “flexible” para permitir a los trabajadores que tengan mayor elección a la hora de jubilarse.
Por ello, cabe la posibilidad de jubilarse de forma anticipada y voluntaria a partir de los 63 años con una carrera de cotización de 33 años o más, aplicando un coeficiente reductor en relación a la edad de jubilación ordinaria que le corresponda dependiendo del momento de desarrollo de la reforma.
Con carácter general, el coeficiente reductor pasará del 8% al 7,5%, esto quiere decir que la jubilación anticipada y voluntaria a los 63 años supondrá una horquilla de penalización del 15% para el primer momento de la reforma y del 30% respecto a los 67 años que estén vigentes en 2027.
Con todo, el Gobierno ha previsto una fórmula de atenuación del coeficiente reductor para que éste no sea superior al 42%, con lo que este porcentaje será el recorte máximo que un prejubilado podrá tener que sufrir en su prestación.
Por otro lado, también se ha modificado el incentivo para aquellos que retrasen voluntariamente la edad de jubilación sobre la ordinaria, pasando del 2%-3% al 3,5%, tanto para aquellos que trabajen más allá de los 67 como los que lo haga a los 65 años y puedan jubilarse a esa edad por sus años cotizados.
En cuanto a la regulación de la reducción de la edad de jubilación para profesiones penosas, el Gobierno ha llegado a un acuerdo con los agentes sociales para establecer mediante un decreto ley qué profesionales y con que reducción podrán jubilarse en este marco.
ENDURECIMIENTO DE LAS PREJUBILACIONES.
En este punto, la reforma también contempla que las prejubilaciones tengan carácter voluntario y no tengan que pasar por un despido, al tiempo que se encarecen para los empresarios las prejubilaciones en expediente de regulación (EREs).
Así, la redacción del Gobierno reserva la jubilación anticipada por despido cuando se deba a causas “objetivables”, como la muerte o incapacidad del empresario, concurso de acreedores, etc.
De esta forma, se separan de estas causas los expedientes de regulación de reducción de plantilla. En este caso, si hasta ahora sólo se podía jubilar a trabajadores mayores de 52 años asumiendo el coste la empresa hasta los 61 años, ahora se establecerá el límite de edad en los 55 años y la carga para la empresa se extenderá hasta que el trabajador cumpla los 63 años.
Según cifras del Ministerio de Trabajo, las prejubilaciones anticipadas, entre bajas voluntarias y despidos, ascienden a septiembre de 2010 a 53.000 personas, lo que supone un 25,1% del total de las altas por jubilación.
En cuanto a la jubilación parcial, apenas experimentará cambios. Si bien, el Gobierno apuesta por que los empresarios costeen el 100% de las cotizaciones tanto del trabajador relevante como del relevado, para que no suponga un coste para la Seguridad Social. Ello también se hará en un horizonte de 15 años.
LA AMPLIACIÓN DEL CÓMPUTO AFECTARÁ EN UN 1% A LA PENSIÓN.
Por otro lado, la reforma amplía de 15 a 25 años el periodo de cálculo de las pensiones, lo que, según el Ministerio de Trabajo, tendrá un efecto de subida o bajada del 1% sobre las pensiones en el caso del Régimen General y algo mayor en el caso de los autónomos.
Según el Gobierno, la ampliación a los 25 años no la notarán los empleados públicos, mientras que esta medida será “positivo” para aquellos que hayan sido despedidos en los últimos diez años de su vida laboral, ya que habrán sufrido una brusca caída en su base de cotización.
Este periodo se extenderá de año en año hasta 2022, es decir, que la entrada en vigor de esta medida se producirá en un horizonte de solo diez años.
BENEFICIOS PARA JÓVENES Y MADRES.
La reforma también contempla que las mujeres puedan contar, solo a efectos de jubilación a partir de 2013, con 116 meses de cotización por hijo con un máximo de dos años si han tenido que dejar de trabajar para cuidarlo.
Por su parte, la reforma contempla que los programas formativos remunerados, como las becas, den origen a una cotización de carácter voluntaria, que será equivalente a la que se aporta en los contratos de formación –50 euros–, siempre mediante la firma de convenios singulares con la Seguridad Social.
Esta medida tendrá efecto retroactivo, con la posibilidad de recuperar esas cotizaciones durante un periodo de cuatro años, entre 2006 y 2010.
EFECTOS DE LA REFORMA.
En el capítulo de los efectos, Trabajo asegura que permitirá el ahorro y reequilibrio esperado por el Gobierno entre 2030 y 2040, hasta suponer el 13% del PIB. Desde el Gobierno, se matiza que las pensiones seguirán subiendo, pero se generará un efecto positivo sobre la economía que hará descender esta ratio.
Así, el Ejecutivo sostiene que el sistema sería insostenible sin la reforma alrededor del año 2025, mientras que con ella se garantiza su estabilidad hasta 2040. Además, el Gobierno “ni se plantea” tener que tocar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, también llamado ‘hucha de las pensiones’.
Otro de los efectos previstos por Trabajo es una reducción de la economía sumergida en tanto que los becarios reclamarán su cotización y se presionará para tener el alta en la Seguridad Social para poder tener carreras más largas.
Del mismo modo, se espera que se amplíe “notablemente” la permanencia en le mercado laboral, hasta ganar en torno a dos años más de cotización por trabajador, y que disminuyan las jubilaciones anticipadas.
Fuente: Europa Press
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